miércoles, 27 de marzo de 2013

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Poder, ley y corrupción, por Carlos Alberto Prieto

En 1519 las Cortes de Castilla pidieron al futuro emperador Carlos I que jurase las leyes y fueros del Reino antes de ser coronado. Carlos no quería someterse y jurar, por lo que Las Cortes contestaron: "habéis de saber, señor, que el rey no es más que un servidor retribuido de la nación". Este hecho representa la lucha entre las libertades y costumbres medievales enfrentadas a la monarquía absoluta moderna, ejemplo de conflicto aún más antiguo: la limitación de las atribuciones del poder frente a las instituciones representativas y el sometimiento del rey ante la ley.
En clave actual el descubrimiento de numerosos casos de corrupción cometidos en diferentes partidos políticos, instituciones públicas (desde los aledaños de la Casa Real hasta gobiernos autonómicos, ayuntamientos, judicatura, el Liceu...), empresas públicas (caso Mercasevilla), Cajas de Ahorros, etc., ha hecho que los ciudadanos consideren a la clase política en su conjunto como uno de los principales problemas del país. En efecto, algo ha ocurrido dentro del sistema político y sus alrededores económicos que llevó a confundir los intereses públicos con los privados, cuando entrar en política era una forma más de hacer negocio, encontrar buenos puestos y subir en la escala social. Desde los partidos y dentro de todos los niveles de las administraciones han podido darse estos casos sin control, por lo que parece claro que los mecanismos de prevención y de sanción no son eficaces y que el sistema (o la sociedad) ha mirado para otro lado cuando el dinero no faltaba. 
Es por tanto una crisis del sistema, que ha permitido a los partidos políticos y sus dirigentes erigirse en una clase dominante en lo político, lo social y con tentáculos que intervienen en la economía (bloque hegemónico como lo llamaba Gramsci). Los partidos son la correa de transmisión casi exclusiva entre el Estado y el ciudadano. Este papel de mediador entre el poder y los gobernados es clave en la democracia representativa y los partidos tienen que ejercerlo, pero con democracia interna (inexistente hoy día) y transparencia externa. Si los partidos no son capaces de regenerarse, perderán su legitimidad y se pondrá en duda (más aún) su papel clave en el sistema. Los cambios en las organizaciones políticas solo tendrán éxito si se impulsan decididamente desde su cúspide y se transmiten adecuadamente en todo el cuerpo de la organización. Por ello, proteger al corrupto propio y acusar al mismo tiempo al ajeno, puede dar votos a corto plazo, pero a costa de anular la credibilidad de los partidos.
Nuevamente, como en tiempos de los Comuneros se trata de limitar el poder y controlar la actuación del poderoso para evitar la corrupción y perversión del sistema. Hannah Arendt escribió que "en un conflicto entre la ley y el poder, raras veces la victoria es para la ley". Esperemos que se equivocara, y por el bien de la cosa pública, la ley impere por encima de todos los corruptos poderosos.